En Chile, las empresas están legalmente obligadas a contar con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) para prevenir y evitar responsabilidad penal corporativa. Las leyes N°20.393 y la reciente Ley N°21.595 han reforzado esta exigencia: una persona jurídica será penalmente responsable por ciertos delitos cometidos en su empresa si la comisión del delito fue facilitada por la ausencia de un modelo de prevención eficaz. Esto significa que no tener un MPD expone directamente a la empresa, sus directores y ejecutivos a severas sanciones penales y económicas, incluyendo cárcel, multas, prohibiciones de operar e incluso la intervención de la administración de la compañía por parte de la justicia.