En el marco de la Ley N.º 21.595 y de la Ley N.º 20.393, el Modelo de Prevención de Delitos exige una implementación real y no meramente formal. La capacitación permanente es un componente esencial del sistema, pues permite identificar riesgos y asegurar el cumplimiento efectivo. Esta obligación no se limita al personal operativo, sino que recae con especial intensidad en directores, gerencias y jefaturas, quienes adoptan decisiones estratégicas y modelan la cultura organizacional. Sin un adecuado conocimiento del régimen de responsabilidad penal corporativa y de los estándares de diligencia exigidos, difícilmente podrá acreditarse la eficacia del Modelo. Por ello, la formación periódica y diferenciada —especialmente en la alta dirección— resulta indispensable para sostener su idoneidad frente a eventuales procesos penales.