La Ley de Delitos Económicos incorporó por primera vez los delitos ambientales al catálogo de ilícitos con responsabilidad penal para las empresas. Esto obliga a sectores productivos, energéticos, forestales y mineros a reforzar sus modelos de prevención de delitos (MPD). Nuestro servicio ofrece la identificación de riesgos ambientales críticos, la actualización de matrices de cumplimiento y el diseño de protocolos internos que permiten a las compañías anticiparse a contingencias legales, evitando sanciones penales, económicas y reputacionales.